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Incluyo el texto completo de un  importante documento que no me consta que se haya  difundido a texto completo: el informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid (equivalente al Tribunal de Cuentas a nivel autonómico) de marzo de 2018 sobre el inexistente Campus (o “Ciudad”) de la Justicia de Madrid: informe Cámara de Cuentas Campus de la Justicia marzo 2018. El informe, sobre la  fiscalización de la empresa pública “Campus de la Justicia de Madrid, S,A.”, ejercicios 2005-2015, es espeluznante. El listado de irregularidades y abusos es terrible, empezando porque no hay documentación contable de casi nada, ni de contratos, ni de gastos, ni de contratos de trabajo, ni de nada. Voy a escoger al azar algunos datos, porque el estudio es extenso y el cúmulo de barbaridades tal que se necesitaría un sumario judicial completo para analizarlo; como, por  cierto, espero que suceda, porque estamos hablando de DINERO PÚBLICO tirado en una Ciudad de la Justicia QUE NO HA SIDO CONSTRUIDA, se habla de 130 millones de euros, y el tema ya está en Fiscalía, remitido por la oposición de la Comunidad de Madrid al completo.  El informe tiene más de 200 páginas; para facilitar la consulta incluyo las “conclusiones”  en este pdf de diez páginas, sin perjuicio de recomendar al menos una lectura diagonal del resto que sin duda resultará muy ilustrativa: conclusiones informe Campus de la Justicia. 

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El informe deja claro que las obras se contratan sin estudios:

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Se dedicaron unos seis millones y medio de euros en publicidad, de los que, además, no consta soporte contractual de casi cinco millones y medio (cuadro página 19 del informe). Se dedica muchísimo dinero a, por ejemplo, hacer exposiciones y maquetas sobre lo que se iba a hacer y que no se ha hecho, y encima para ello se contrata a empresas no se sabe cómo, y con extrañas ofertas alternativas del mismo grupo empresarial, sin más a dedo, y sin que conste soporte documental alguno de esos contratos, y también para actividades publicitarias que nada tienen que ver con el objeto social. La publicidad en sí misma parece ser una parte importante del proyecto, contratada no se sabe cómo, no era necesaria y ni siquiera se sabe si se realizó. Incluyo a continuación el texto del informe con ALGUNOS de los casos; porque el informe no solo recoge estos, hay más casos, páginas y páginas del informe, que hace referencia a edición de libros, premios escultóricos, exposiciones, maquetas, fotógrafo, primera piedra, publicaciones en medios de comunicación y de todo:

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Por no encontrarse, no se encuentran ni los contratos de auditoría/consultoría.

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Hay contratos de adjudicación directa sin constancia de nada. Un ejemplo:

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Hay hasta pagos por guardamuebles, que nadie sabe qué guardaban.

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Y recuérdese que NO hay Campus de la Justicia; que estamos hablando de que NO se ha construido. Lo que inicialmente estaba previsto como diecisiete edificios, diseñados por los mejores arquitectos del mundo -será por dinero, oiga, cómo no vamos a contratar a Norman Foster, premio Pritzker en 1999​ y Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2009– se ha convertido en un único edificio e inutilizable por falta de infraestructuras, que se ha usado para rodajes cinematográficos  (no es broma).

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En definitiva, carencia asombrosa de documentación, inexistencia de criterios legales en las decisiones y adjudicaciones, dedocracia, contratos que nada tienen que ver con el objeto social y sin constancia de ningún tipo, aumentos sospechosos e inexplicables de las cantidades contractuales y un fracaso en general sin paliativos del proyecto.

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Incluyo aposta la imagen oscura de la fotocopia, porque creo que refleja muy bien la fotocopia la oscuridad del tema.

Y no quiero dejar de mencionar el fastuoso apartado de Personal (páginas 208 y siguentes del informe). Aparte de que no consta contrato alguno y no se puede saber qué se firmó ni cómo se extinguieron los contratos, y aparte de que quienes formaban la nómina de la sociedad eran tan inútiles que había que contratar todo tipo de asesores fuera y que había hasta tarjetas Visa Platino con miles de euros de gastos sin justificar, hay en el personal de dirección incrementos de retribución de entre un 30 y un 80% en unos años, lo cual resulta especialmente llamativo no solo porque no se sabe a qué se dedicaban, sino porque en esa época ya estaba la sociedad incluso carente de actividad y además las normas estatales de reducción del déficit público obligaban a reducción, no a subida. Y lo que resulta especialmente sangrante en un país donde las indemnizaciones legales por despido se han ido cada vez más reduciendo: indemnizaciones por extinción de contrato laboral de hasta 60 y 80 días por año trabajado (sí, ha leído bien), e incluso indemnizaciones superiores a lo pactado en acto de conciliación, e incluso duplicar el pago lo firmado en la liquidación. Ah, y la guinda: a un trabajador se le pagó un máster MBA de 37.000 euros, y encima varios meses después de su despido.

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No tenemos Campus de la Justicia en Madrid que agrupe todas las sedes judiciales, cuando sí lo hay en numerosas ciudades de toda España y desde hace muchos años, y el estado de las sedes actuales en Madrid es no solo de absoluta dispersión ineficaz sino de estado de conservación lamentable, pero hay que ver cómo sobra el dinero en la Comunidad de Madrid para gastarlo en no tener Campus y en indemnizar hasta con 80 días por año a quienes trabajaron para que no lo hubiera, si trabajaron. Recordemos que los edificios judiciales en comunidades autónomas con competencias de Justicia transferidas, como Madrid, son responsabilidad de la Comunidad correspondiente, no del Estado; y recordemos también que la idea y la práctica corresponden al Gobierno de la Comunidad de Madrid desde 2002 hasta ahora, es decir, al Partido Popular, con los sucesivos presidentes D. Alberto Ruiz-Gallardón (enlace aquí y aquí a noticia de 2002 sobre su idea y el alcance, 17 edificios nuevos, “un paso decisivo para modernizar la justicia y hacerla más rápida, ágil y eficaz“) y Dª Esperanza Aguirre, que puso la primera piedra de lo que apenas puede decirse  que hubiera segunda; por cierto, el acto de la primera piedra costó casi un millón y medios de euros, con una empresa, por cierto, relacionada, según esa noticia, con el caso Gürtel. En esa memorable ocasión dijo la entonces presidenta Dª Esperanza Aguirre lo siguiente:

La presidenta aseguró que la Ciudad de la Justicia era “el reto más ambicioso” de su Gobierno. “Situará a los tribunales de Madrid a la altura de una región abierta y moderna“.”

Abierta, desde luego; en la sociedad esa que se creó para construir la Cuidad de la Justicia al parecer cualquiera podía entrar a llevarse lo que quisiera.

Los medios de comunicación se han hecho eco, y para muestra dos botones:

  • ABC aquí (titular “El Campus de la Justicia gastó 19 millones en dos edificios de los que no se puso ni una piedra. Había el doble de directivos que de trabajadores, y hay casos en que aquellos tuvieron subidas salariales de entre el 30 y el 80 por ciento, dice la Cámara de Cuentas“),
  • EL PAÍS aquí (titular “El Campus de la Justicia tenía el doble de directivos que de trabajadores. El proyecto de informe de la Cámara de Cuentas detalla pérdidas de 80 millones e incrementos salariales para la dirección de hasta el 80%“) y aquí (titular “El campus donde nadie sabía nada. La Ciudad de la Justicia de Madrid contrató a varios asesores porque ni sus 22 directivos ni el único administrativo de la sociedad estaban “capacitados para el trabajo“.

Pero todo esto hay que ponerlo en relación con otra cosa:  con la situación calamitosa de medios en la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid, denunciada pública y reiteradamente por los jueces, tanto de edificios judiciales insalubres e inseguros con ratas, desplomes e incendios en edificios sin salida de emergencia y en los que además no funcionan las alarmas (y solo es solo una pequeña muestra) como de insuficiencia de personal como de los pagos mezquinos y retrasados a los abogados de oficio hasta el punto de dar lugar a huelga

Voy a transcribir la noticia sobre el comunicado que los jueces decanos de la Comunidad publicaron hace ya más de un año, sin que desde entonces las cosas hayan cambiado:

“21 jueces decanos de la Comunidad de Madrid afirman, en un comunicado, que el siniestro sucedido en los Juzgados de Torrejón la pasada semana no es un hecho aislado sino que podría reiterarse en otros juzgados de la región, lo cual podría ser delictivo.

“Este grave problema afecta en general (…) a la mayoría de las sedes judiciales y es previsible que puedan retirarse siniestros iguales al acontecido en Torrejón”, dicen los jueces decanos de Madrid, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Aranjuez, Arganda del Rey, Collado Villalba, Colmenar Viejo, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Majadahonda, Móstoles, Navalcarnero, Parla, Pozuelo de Alarcón, San Lorenzo del Escorial, Torrelaguna, Torrejón de Ardoz y Valdemoro en un durísimo comunicado conjunto hecho público ayer.

Los hechos “desgraciadamente pudieran llegar incluso a encajar en el tipo penal de los delitos contra los derechos de los trabajadores, por lo que cabría plantearse la posibilidad de ponerlos en conocimiento de la Fiscalía de no arbitrarse los medios necesarios para solventarlos”, añaden en el mismo.

Todo parece indicar que, para los 21 jueces decanos, la situación de desidia y abandono de las sedes judiciales ha tocado fondo.

Por eso instan a la Comunidad de Madrid, responsable del estado, mantenimiento y conservación de los edificios judiciales, a que “en evitación de  incidencias mayores y antes de lamentar daños personales irreversibles, acometa de inmediato las actuaciones necesarias para que el estado de las sedes judiciales se adecue a la normativa en materia de seguridad y salud”.

Y para garantizar que “todas las sedes judiciales cuenten con salida de emergencia y las mínimas condiciones de salubridad e higiene”.”

Al igual que advirtieron del riesgo de colapso por falta de medios en juzgados como los falsamente llamados de cláusula suelo, en perjuicio de los consumidores, colapso que en efecto se ha producido.

Y es que cuando el dinero público destinado a Justicia se tira o se malversa, la Justicia se queda sin medios. 

Por cierto, que esto no va solo de que se despilfarre o se malverse dinero público, que también. Aquí estamos hablando de medios DE LA JUSTICIA, no de una carretera fantasma o un aeropuerto sin aviones. Y de que la Justicia en Madrid, y en muchos otros sitios, sigue sin medios. ¿Y usted cree que los corruptos estarán muy interesados en que la Justicia disponga de medios materiales y personales para ser ágil y eficaz?

Ah, y también, por cierto: los medios de la Justicia forman parte de la independencia judicial y son indisociables de ella. Qué curioso que quienes tengan que proporcionar los medios a los juzgados, y por tanto facilitar su independencia, sean precisamente quienes puedan ser perseguidos en los juzgados, y puedan además luego alegar que hay dilaciones indebidas y beneficiarse de ello, ¿no?

P.S. El informe de la Cámara de Cuentas está disponible en la web oficial de esa entidad, enlace concreto al informe aquí.

Verónica del Carpio Fiestas

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“La Comunidad de Madrid iguala la ética con la legalidad en el comportamiento de los altos cargos. Fecha: 31\10\2016. [Información transcrita de la página web oficial del Partido Popular de Madrid (https://ppmadrid.es/codigo-etico-altos-cargos/)]

“El consejo de Gobierno ha aprobado hoy un código ético de obligado cumplimiento para los altos cargos de la Comunidad de Madrid.

La presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha subrayado que con este código ético “establecemos un nivel de exigencia ética a los altos cargos superior en muchos aspectos a lo previsto hasta ahora en las normas vigentes”. De esta manera los altos cargos no podrán participar en las mesas de contrataciones, deberán la apertura de procedimientos penales (sic), en caso de que sean requeridos por la justicia, y tendrán que dimitir si son investigados por delitos de corrupción. Así mismo no podrán utilizar tarjetas de crédito para gastos derivados de sus funciones y renunciarán a las dietas.

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En este enlace al Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, ese código ético, aplicable a altos cargos, aprobado por Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 31 de octubre de 2016, presidido por Dª Cristina Cifuentes; por coincidencia, el mismo día, por cierto, en que D. Mariano Rajoy juraba su cargo como Presidente del Gobierno, una de las veces que ha jurado como tal. A continuación, un párrafo del preámbulo de dicho Acuerdo:

“ACUERDO de 31 de octubre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el código ético de los altos cargos de la Administración de la Comuni-dad de Madrid y de sus entes adscritos.

El ordenamiento jurídico actual contiene diversas normas que establecen el marco en el que han de actuar los altos cargos de las Administraciones Públicas para ejercer sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad, transparencia, eficacia y dedicación plena a sus funciones públicas, con el fin de evitar toda actividad que pueda comprometer su independencia, imparcialidad o menoscabar el desempeño de sus deberes públicos.

La Comunidad de Madrid ha demostrado su compromiso de abordar nuevas iniciativas que impulsen una mayor cercanía, austeridad y eficiencia de los responsables públicos y un mayor control de su actividad.

Dentro de estas iniciativas se considera necesario que los poderes públicos ofrezcan a los ciudadanos un compromiso de que todos los altos cargos en el ejercicio de sus funciones han de cumplir no solo las obligaciones legales, sino que además su actuación ha de guiarse por principios éticos y de conducta, en algunos casos no plasmados expresamente en las normas pero que sí se derivan de ellas y que conforman un código ético. En tal sentido, la Comunidad de Madrid procede a compilar en este acuerdo los principios de actuación básicos que ha venido exigiendo a sus altos cargos, a fin de que puedan ser de público conocimiento.

Este código se asienta en los valores de objetividad, transparencia, ejemplaridad y austeridad, que han de ser una constante homogénea en todas las actuaciones de los altos cargos en el ejercicio de sus funciones. Su ámbito de aplicación se extiende a los altos cargos de la Administración de la Comunidad de Madrid, así como a los de su Administración Institucional, empresas y fundaciones públicas y demás entes con participación mayoritaria de la Comunidad de Madrid.”

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Es interesante, teniendo en cuanta, por ejemplo, que en aquella época la Universidad Rey Juan Carlos, dependiente de la Comunidad de Madrid, estaba ya en los papeles por algunas extrañas actuaciones; se ve que el principio de autonomía universitaria exime de presionar para que se responda y se sancionen ese tipo de conductas, o que el código ético no afectaba. Claro que también puede ser que ese código ético no tuviera tanto alcance como se vendía en las grandes declaraciones publicitarias y que se limitara a algunos casos y supuestos, y/o  que el texto real o el publicitado se pretendiera que afectara a solo  algunos altos cargos pero no a los mandameses, conforme a la teoría clásica de exigir al de abajo lo que no se exige al de arriba. Pero en cualquier caso es interesante, hay que ver lo que exige el Consejo de Gobierno de la Sra. Cifuentes a sus altos cargos: no solo el cumplimiento de la legalidad, sino también la ética. Es muy de agradecer ese nivel de ejemplaridad pública, especialmente si se tiene en cuenta que ese código ético fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Sra. Cifuentes unos años después y unos años antes de producirse hechos de aspecto altamente delictivo como delitos graves en la Universidad Rey Juan Carlos que, según fuertes indicios, resulta que beneficiaban a la propia Sra. Cifuentes y de la que podrían ser responsables tanto determinadas personas de la universidad como la propia Sra. Cifuentes, en tanto que puede existir responsabilidad penal sancionada con penas de varios años de prisión en que pueden incurrir quienes falsifican actas y datos académicos análogos, responsabilidad penal que pudiera ser extensible a funcionarios y a beneficiarios. Por cierto, el famoso no-máster de la Sra. Cifuentes sigue figurando a día de hoy, tres semanas después de iniciarse el escándalo, en la página web oficial de la presidenta en la Comunidad de Madrid:

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Se va a mencionar otro código ético, el del Partido Popular de Madrid, aprobado a iniciativa de Dª Cristina Cifuentes con fecha 31 de marzo de 2016, enlace a la web oficial del PP de Madrid aquí, aplicable a “los miembros de la Comisión Gestora del Partido Popular de Madrid, Presidentes  y Secretarios Generales, Locales y de Distrito, en la Comunidad de Madrid“:

7º.- No aceptarán regalos ni favores o servicios en condiciones ventajosas prestados por razón del cargo o responsabilidad que ostenten que superen los usos habituales, sociales o de cortesía.

8º.- No se valdrán de su posición para obtener ventajas personales o patrimoniales, para sí o para terceros.

9º.- Se abstendrán de influir en la tramitación o resolución de los procedimientos administrativos, de contratación pública, de subvenciones o cualquier otro que implique el uso de recursos públicos.

10º.- Actuarán con ejemplaridad y evitarán cualquier actividad o conducta que pueda dañar la imagen de la institución u organización a la que pertenecen.

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Tan eficaz era ese código ético del Partido Popular de Madrid que la Sra. Cifuentes, en enero de 2018, propuso un código ético a todos los partidos:

“El PP tiene el código ético más exigente de todos los partidos políticos. Y en este proceso de diálogo que queremos iniciar vamos a proponer que los demás lo igualen con el nuestro”, ha señalado Cifuentes anticipando cuál va a ser el punto de partida de las conversaciones que va a iniciar su grupo.”

Por cierto que ese mismo enero de 2018 el Partido Popular abandonó la Comisión de investigación de la Corrupción de la Comunidad de Madrid; se ve que el compromiso ético no alcanza a aguantar ese tipo de comisiones parlamentarias más que el tiempo que al propio partido investigado le parezca razonable, o con los contenidos y enfoque que considere oportunos.

Se ha citado más arriba a D. Mariano Rajoy, y se le va a volver a citar, esta vez sus propias palabras. En análogo sentido de propugnar la máxima ejemplaridad que la Sra. Cifuentes, cabe citar a D. Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno. en el apasionante debate parlamentario en el Congreso de día 26 de marzo de 2015, con ocasión de la presentación de varios proyectos de ley del Gobierno de finalidad, según decía el Sr. Rajoy, de regeneración política. A continuación se transcriben algunas de las elevadas e inspiradas palabras del Sr. Rajoy, no sin encarecer la lectura atenta de todo el discurso, enlace al Boletín del Congreso aquí; se trata de una encantadora pieza oratoria de indiscutible interés, especialmente si se tiene en cuenta el dato extratextual de que en esas fechas el Partido Popular estaba siendo involucrado en juicios penales por financiación ilegal, como lo sigue estando.

En suma, señorías, no hemos permanecido impasibles ante la corrupción ni hemos iniciado esta mañana la lucha para regenerar la democracia. No insistiría en esto -que es obvio y evidente- si no fuera porque con demasiada frecuencia oigo que se habla de la falta de iniciativas del Gobierno en materia de corrupción, y eso además de ser falso nos perjudica a todos, porque confunde y desmoraliza a la población. No se trata de presumir, pero es evidente -a la vista está y ustedes son testigos y copartícipes- que mi Gobierno en unos meses ha adoptado más medidas encaminadas a sanear la vida política española que otros que también vivieron momentos como el de ahora; lo digo simplemente para poner las cosas en su sitio. Ya sé que en la mezcla explosiva que forman la corrupción y la diatriba política sucumbe con rapidez la objetividad. Aun así, no es necesario mucho esfuerzo para reconocer que estas cosas no se habían hecho en muchos años en España y ahora se están haciendo. Es decir, no necesitamos partir de cero porque hoy es ya más difícil corromperse en España que antes de que nos confiaran el Gobierno. (Aplausos); y mucho más difícil lo será, sin ninguna duda, cuando se aprueben las reformas que hoy les presento. […]

Pero también es preciso hacer algo de pedagogía social y política para no contribuir -insisto- a que se extienda la impresión de que todo, absolutamente todo, está corrompido en nuestro país, en nuestra clase política y en nuestros servidores públicos. Señorías, estos escaños están ocupados por mujeres y hombres de todos los partidos que decidieron dedicarse a la política por convicción, por seguir sus ideales, por dedicar su vida o parte de ella a servir a los demás. Lo mismo sucede en todas las administraciones públicas, en los parlamentos de las comunidades autónomas o en los ayuntamientos. Nadie más que todos ellos, que todos nosotros, padecen en mayor medida el descrédito y la desafección que nacen del comportamiento de quienes no están a la altura de sus responsabilidades. Por ello, nadie más interesado que nosotros mismos en poner todas las medidas, de la primera a la última, para que comportamientos tan dañinos sean cada vez más difíciles, se descubran cada vez más pronto, se castiguen cada vez más implacablemente. (Aplausos). […]

Y no olvido algo que es tan importante como todo lo demás, señorías: tan grave como saltarse las leyes o robar al Estado es dar mal ejemplo. Están bien las leyes y las reformas, pero por encima de todo tenemos el deber de ser ejemplares. Eso es lo que los ciudadanos esperan y eso, por tratarse de un compromiso personal, es algo a lo que debemos de atender cada uno de nosotros individualmente. En lo que a mí respecta, los españoles saben que tienen mi compromiso permanente encima de la mesa.

Muchas gracias, señor presidente de la Cámara. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Popular, puestos en pie.- Una señora diputada: ¡Dimisión!).

Y ya acabo, con otros aplausos: los enfervorizados aplausos dedicados a la Sra. Cifuentes por el Partido Popular, en su convención en Sevilla de  abril de 2018, puestos en pie los asistentes, coincidiendo con que se descubriera el escándalo mayúsculo de una falsificación masiva en un título académico suyo, el famoso máster en la Universidad Rey Juan Carlos:

O, mejor, vuelvo a citar al Sr. Rajoy:

[La Sra. Cifuentes] ya ha dado explicaciones“.

O, mejor, acabo con la misma palabra que dijo esa anónima diputada en el debate parlamentario del que he transcrito parte:

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Y, cierto, no me refiero solo a la Sra. Cifuentes. Seré rara, pero si un gobernante insiste en la necesidad de ejemplaridad, preferiría que se aplicara esa ejemplaridad a sí mismo y dimitiera, Sr. Rajoy. ¿Por el tema Cifuentes y lo de aplaudir y apoyar lo que en ningún caso debería ser aplaudido ni apoyado, y por la ineficacia demostrada de las medidas anticorrupción adoptadas? Sí, y no solo por eso; pero la lista de motivos es larga, y este post es ya demasiado largo también.

Verónica del Carpio Fiestas

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Verónica del Carpio Fiestas

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