Incluyo el texto completo de un importante documento que no me consta que se haya difundido a texto completo: el informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid (equivalente al Tribunal de Cuentas a nivel autonómico) de marzo de 2018 sobre el inexistente Campus (o «Ciudad») de la Justicia de Madrid: informe Cámara de Cuentas Campus de la Justicia marzo 2018. El informe, sobre la fiscalización de la empresa pública «Campus de la Justicia de Madrid, S,A.», ejercicios 2005-2015, es espeluznante. El listado de irregularidades y abusos es terrible, empezando porque no hay documentación contable de casi nada, ni de contratos, ni de gastos, ni de contratos de trabajo, ni de nada. Voy a escoger al azar algunos datos, porque el estudio es extenso y el cúmulo de barbaridades tal que se necesitaría un sumario judicial completo para analizarlo; como, por cierto, espero que suceda, porque estamos hablando de DINERO PÚBLICO tirado en una Ciudad de la Justicia QUE NO HA SIDO CONSTRUIDA, se habla de 130 millones de euros, y el tema ya está en Fiscalía, remitido por la oposición de la Comunidad de Madrid al completo. El informe tiene más de 200 páginas; para facilitar la consulta incluyo las «conclusiones» en este pdf de diez páginas, sin perjuicio de recomendar al menos una lectura diagonal del resto que sin duda resultará muy ilustrativa: conclusiones informe Campus de la Justicia.
El informe deja claro que las obras se contratan sin estudios:
Se dedicaron unos seis millones y medio de euros en publicidad, de los que, además, no consta soporte contractual de casi cinco millones y medio (cuadro página 19 del informe). Se dedica muchísimo dinero a, por ejemplo, hacer exposiciones y maquetas sobre lo que se iba a hacer y que no se ha hecho, y encima para ello se contrata a empresas no se sabe cómo, y con extrañas ofertas alternativas del mismo grupo empresarial, sin más a dedo, y sin que conste soporte documental alguno de esos contratos, y también para actividades publicitarias que nada tienen que ver con el objeto social. La publicidad en sí misma parece ser una parte importante del proyecto, contratada no se sabe cómo, no era necesaria y ni siquiera se sabe si se realizó. Incluyo a continuación el texto del informe con ALGUNOS de los casos; porque el informe no solo recoge estos, hay más casos, páginas y páginas del informe, que hace referencia a edición de libros, premios escultóricos, exposiciones, maquetas, fotógrafo, primera piedra, publicaciones en medios de comunicación y de todo:
Por no encontrarse, no se encuentran ni los contratos de auditoría/consultoría.
Hay contratos de adjudicación directa sin constancia de nada. Un ejemplo:
Hay hasta pagos por guardamuebles, que nadie sabe qué guardaban.
Y recuérdese que NO hay Campus de la Justicia; que estamos hablando de que NO se ha construido. Lo que inicialmente estaba previsto como diecisiete edificios, diseñados por los mejores arquitectos del mundo -será por dinero, oiga, cómo no vamos a contratar a Norman Foster, premio Pritzker en 1999 y Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2009– se ha convertido en un único edificio e inutilizable por falta de infraestructuras, que se ha usado para rodajes cinematográficos (no es broma).
En definitiva, carencia asombrosa de documentación, inexistencia de criterios legales en las decisiones y adjudicaciones, dedocracia, contratos que nada tienen que ver con el objeto social y sin constancia de ningún tipo, aumentos sospechosos e inexplicables de las cantidades contractuales y un fracaso en general sin paliativos del proyecto.
Incluyo aposta la imagen oscura de la fotocopia, porque creo que refleja muy bien la fotocopia la oscuridad del tema.
Y no quiero dejar de mencionar el fastuoso apartado de Personal (páginas 208 y siguentes del informe). Aparte de que no consta contrato alguno y no se puede saber qué se firmó ni cómo se extinguieron los contratos, y aparte de que quienes formaban la nómina de la sociedad eran tan inútiles que había que contratar todo tipo de asesores fuera y que había hasta tarjetas Visa Platino con miles de euros de gastos sin justificar, hay en el personal de dirección incrementos de retribución de entre un 30 y un 80% en unos años, lo cual resulta especialmente llamativo no solo porque no se sabe a qué se dedicaban, sino porque en esa época ya estaba la sociedad incluso carente de actividad y además las normas estatales de reducción del déficit público obligaban a reducción, no a subida. Y lo que resulta especialmente sangrante en un país donde las indemnizaciones legales por despido se han ido cada vez más reduciendo: indemnizaciones por extinción de contrato laboral de hasta 60 y 80 días por año trabajado (sí, ha leído bien), e incluso indemnizaciones superiores a lo pactado en acto de conciliación, e incluso duplicar el pago lo firmado en la liquidación. Ah, y la guinda: a un trabajador se le pagó un máster MBA de 37.000 euros, y encima varios meses después de su despido.
No tenemos Campus de la Justicia en Madrid que agrupe todas las sedes judiciales, cuando sí lo hay en numerosas ciudades de toda España y desde hace muchos años, y el estado de las sedes actuales en Madrid es no solo de absoluta dispersión ineficaz sino de estado de conservación lamentable, pero hay que ver cómo sobra el dinero en la Comunidad de Madrid para gastarlo en no tener Campus y en indemnizar hasta con 80 días por año a quienes trabajaron para que no lo hubiera, si trabajaron. Recordemos que los edificios judiciales en comunidades autónomas con competencias de Justicia transferidas, como Madrid, son responsabilidad de la Comunidad correspondiente, no del Estado; y recordemos también que la idea y la práctica corresponden al Gobierno de la Comunidad de Madrid desde 2002 hasta ahora, es decir, al Partido Popular, con los sucesivos presidentes D. Alberto Ruiz-Gallardón (enlace aquí y aquí a noticia de 2002 sobre su idea y el alcance, 17 edificios nuevos, «un paso decisivo para modernizar la justicia y hacerla más rápida, ágil y eficaz«) y Dª Esperanza Aguirre, que puso la primera piedra de lo que apenas puede decirse que hubiera segunda; por cierto, el acto de la primera piedra costó casi un millón y medios de euros, con una empresa, por cierto, relacionada, según esa noticia, con el caso Gürtel. En esa memorable ocasión dijo la entonces presidenta Dª Esperanza Aguirre lo siguiente:
«La presidenta aseguró que la Ciudad de la Justicia era «el reto más ambicioso» de su Gobierno. «Situará a los tribunales de Madrid a la altura de una región abierta y moderna«.»
Abierta, desde luego; en la sociedad esa que se creó para construir la Cuidad de la Justicia al parecer cualquiera podía entrar a llevarse lo que quisiera.
Los medios de comunicación se han hecho eco, y para muestra dos botones:
- ABC aquí (titular «El Campus de la Justicia gastó 19 millones en dos edificios de los que no se puso ni una piedra. Había el doble de directivos que de trabajadores, y hay casos en que aquellos tuvieron subidas salariales de entre el 30 y el 80 por ciento, dice la Cámara de Cuentas«),
- EL PAÍS aquí (titular «El Campus de la Justicia tenía el doble de directivos que de trabajadores. El proyecto de informe de la Cámara de Cuentas detalla pérdidas de 80 millones e incrementos salariales para la dirección de hasta el 80%«) y aquí (titular «El campus donde nadie sabía nada. La Ciudad de la Justicia de Madrid contrató a varios asesores porque ni sus 22 directivos ni el único administrativo de la sociedad estaban «capacitados para el trabajo«.
Pero todo esto hay que ponerlo en relación con otra cosa: con la situación calamitosa de medios en la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid, denunciada pública y reiteradamente por los jueces, tanto de edificios judiciales insalubres e inseguros con ratas, desplomes e incendios en edificios sin salida de emergencia y en los que además no funcionan las alarmas (y solo es solo una pequeña muestra) como de insuficiencia de personal como de los pagos mezquinos y retrasados a los abogados de oficio hasta el punto de dar lugar a huelga.
Voy a transcribir la noticia sobre el comunicado que los jueces decanos de la Comunidad publicaron hace ya más de un año, sin que desde entonces las cosas hayan cambiado:
«21 jueces decanos de la Comunidad de Madrid afirman, en un comunicado, que el siniestro sucedido en los Juzgados de Torrejón la pasada semana no es un hecho aislado sino que podría reiterarse en otros juzgados de la región, lo cual podría ser delictivo.
“Este grave problema afecta en general (…) a la mayoría de las sedes judiciales y es previsible que puedan retirarse siniestros iguales al acontecido en Torrejón”, dicen los jueces decanos de Madrid, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Aranjuez, Arganda del Rey, Collado Villalba, Colmenar Viejo, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Majadahonda, Móstoles, Navalcarnero, Parla, Pozuelo de Alarcón, San Lorenzo del Escorial, Torrelaguna, Torrejón de Ardoz y Valdemoro en un durísimo comunicado conjunto hecho público ayer.
Los hechos “desgraciadamente pudieran llegar incluso a encajar en el tipo penal de los delitos contra los derechos de los trabajadores, por lo que cabría plantearse la posibilidad de ponerlos en conocimiento de la Fiscalía de no arbitrarse los medios necesarios para solventarlos”, añaden en el mismo.
Todo parece indicar que, para los 21 jueces decanos, la situación de desidia y abandono de las sedes judiciales ha tocado fondo.
Por eso instan a la Comunidad de Madrid, responsable del estado, mantenimiento y conservación de los edificios judiciales, a que “en evitación de incidencias mayores y antes de lamentar daños personales irreversibles, acometa de inmediato las actuaciones necesarias para que el estado de las sedes judiciales se adecue a la normativa en materia de seguridad y salud”.
Y para garantizar que “todas las sedes judiciales cuenten con salida de emergencia y las mínimas condiciones de salubridad e higiene”.»
Al igual que advirtieron del riesgo de colapso por falta de medios en juzgados como los falsamente llamados de cláusula suelo, en perjuicio de los consumidores, colapso que en efecto se ha producido.
Y es que cuando el dinero público destinado a Justicia se tira o se malversa, la Justicia se queda sin medios.
Por cierto, que esto no va solo de que se despilfarre o se malverse dinero público, que también. Aquí estamos hablando de medios DE LA JUSTICIA, no de una carretera fantasma o un aeropuerto sin aviones. Y de que la Justicia en Madrid, y en muchos otros sitios, sigue sin medios. ¿Y usted cree que los corruptos estarán muy interesados en que la Justicia disponga de medios materiales y personales para ser ágil y eficaz?
Ah, y también, por cierto: los medios de la Justicia forman parte de la independencia judicial y son indisociables de ella. Qué curioso que quienes tengan que proporcionar los medios a los juzgados, y por tanto facilitar su independencia, sean precisamente quienes puedan ser perseguidos en los juzgados, y puedan además luego alegar que hay dilaciones indebidas y beneficiarse de ello, ¿no?
P.S. El informe de la Cámara de Cuentas está disponible en la web oficial de esa entidad, enlace concreto al informe aquí.
Verónica del Carpio Fiestas
El bosque y los árboles 
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